La Junta acuerda la elaboración de los planes que garantizarán la viabilidad económica y ambiental de la dehesa y el olivar.
Los documentos fijarán el marco de colaboración público-privada para la mejora de las producciones más representativas del medio rural andaluz.
21/02/2012
El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la elaboración de los planes directores del Olivar y de las Dehesas. Ambos documentos, previstos en las respectivas leyes aprobadas por el Parlamento autonómico en 2011 y 2010, serán los instrumentos de referencia para asegurar la viabilidad económica y ambiental de estos sistemas de producción representativos del medio rural andaluz.
Los planes se elaborarán con la participación de las organizaciones representativas de los dos sectores y, antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno, deberán contar con los informes preceptivos del Consejo Andaluz del Olivar y de la Comisión Andaluza para la Dehesa.
El Plan Director del Olivar será elaborado por la Consejería de Agricultura y Pesca, tendrá una vigencia de seis años y contendrá las medidas y líneas de actuación previstas por la ley autonómica para reforzar el liderazgo mundial de Andalucía en este sector, principal actividad económica de 250.000 familias en más de 300 municipios.
El documento determinará asimismo la intervención y la colaboración pública-privada en aquellos territorios en los que la producción de aceituna y aceite de oliva es fundamental para la economía, el mantenimiento de la población en el medio rural y la conservación del patrimonio natural.
El Plan servirá de referencia para los contratos territoriales que los titulares de fincas podrán suscribir con la Administración autonómica, a título individual o agrupados por zonas, con el fin de mejorar la gestión integral de las explotaciones en las vertientes productiva, ambiental y social.
En consonancia con la Ley del Olivar, el Plan Director recogerá dos grandes grupos de medidas. El primero de ellos, de impulso a la competitividad, incluye el respaldo a la modernización de las explotaciones tradicionales potencialmente productivas; el aprovechamiento energético de los residuos agrícolas e industriales; el fortalecimiento de los programas de investigación, innovación y formación; la concentración de la oferta a través de medidas de apoyo al asociacionismo empresarial, y el fomento de la calidad y promoción de las producciones.
El segundo bloque, referido a la sostenibilidad, prevé la ampliación de las políticas que actualmente se desarrollan para mantener la renta de los olivicultores; impulsar la multifuncionalidad y diversificación de explotaciones e industrias, y apoyar la producción ecológica, el uso eficiente de los recursos hídricos y el olivar situado en zonas con desventajas naturales.
Andalucía, con más de 1,5 millones de hectáreas y 320.000 explotaciones, concentra la tercera parte del olivar europeo, el 40% de la producción mundial de aceite de oliva (en torno al millón de toneladas) y el 20% de la de aceituna de mesa (400.000 toneladas). Ambas producciones tienen un gran peso en la balanza comercial andaluza, con unas exportaciones que representan el 21% y el 7% del total de ventas de productos agroalimentarios al exterior, respectivamente. El aceite de oliva supone el 24% del valor de la producción agraria regional.
El olivar andaluz, que representa el 60% de la superficie olivarera española, se distribuye por las ocho provincias, con especial relevancia en Jaén, el sur de Córdoba, el noroeste de Granada, el norte de Málaga y sudeste de Sevilla. La actividad vinculada a sus explotaciones genera más de 22 millones de jornales al año.
Dehesas
En el caso de las dehesas, la elaboración del Plan Director corresponde a las consejerías de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente, que ya vienen trabajando en un borrador con los representantes sectoriales. El documento, con una vigencia de 20 años y revisiones cada cinco, incluirá un análisis de las posibilidades de mejora de la rentabilidad de las producciones y un conjunto de medidas para hacer frente a sus principales amenazas (el decaimiento del arbolado y la crisis de los mercados ganaderos, entre otros) y potenciar el valor ambiental, social y cultural de los territorios con dehesas.
A este marco general se ajustarán los planes de gestión integral desarrollados voluntariamente por los titulares de las explotaciones, cuya realización se considera criterio prioritario en el acceso a las ayudas públicas, tanto agrarias como ambientales.
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| News & Politics | Upload TimePublished on 21 Feb 2012 |
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